El 20 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados despachó al Senado el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín N° 18.216-05).
El proyecto se inserta en la agenda de simplificación de permisos y certeza jurídica impulsada en conjunto con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770). Modifica, entre otras, la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley N° 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Tres ejes ordenan la reforma: (i) reducción de iteraciones y plazos en la evaluación ambiental; (ii) blindaje de la RCA frente a la litigiosidad administrativa y acotamiento de la cautelar judicial; y (iii) reconocimiento de un derecho de restitución para titulares afectados por la nulidad de su RCA. 𝐃𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨, 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 (𝐒𝐄𝐈𝐀) 𝐲 𝐚𝐥 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐲 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐝𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 (𝐑𝐂𝐀).
Su impacto sobre proyectos de desarrollo y operación amerita una mirada estratégica temprana, razón por la cual nuestro socio Roberto Sepúlveda Olavarría y nuestra asociada Francisca Peña Moya, realizaron el siguiente resumen y análisis en torno a las propuestas. VER RESUMEN.
