Luego de una participación ciudadana, el Minvu recalibró su propuesta original para contener los riesgos de sobrecarga urbana y pérdida de calidad de vida, quedando finalmente el texto que ingresó, de la siguiente manera:
Densidad y realidad demográfica: La densidad bruta ya no se reduce drásticamente a 2 hab/vivienda como se planteó en abril, sino a 2,8 hab/vivienda, recogiendo la evidencia del Censo 2024. No obstante, se mantiene una fuerte señal en favor del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), fijando coeficientes de 1,4 en nodos de transporte masivo y 2,0 en vías estructurantes.
Resguardo de la autonomía local: Ante la alerta de los municipios sobre el riesgo de guetos verticales, el Ejecutivo dio un paso atrás en la sobre-estimulación de la constructibilidad por fusión de terrenos (manteniendo el marco actual donde el 30% se subsume en el 50% del conjunto armónico) y mantuvo en 3 años la caducidad de los permisos de edificación sin obras.
Flexibilización en zonas de conservación: Un punto relevante es que los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) solo podrán rebajar los beneficios urbanísticos en Zonas de Conservación Histórica en un 25%, a diferencia del 50% que permite la normativa actual.
El Ejecutivo mantiene su objetivo implícito de presionar hacia una baja en los precios de las viviendas nuevas (estimada entre 10% y 15%) mediante la vía reglamentaria, flexibilizando exigencias de estacionamientos, reduciendo el predio mínimo para conjuntos armónicos a 2.500 m² y ajustando el cómputo de superficie a la cara interior de los muros perimetrales.
Queda ahora en manos de la Contraloría revisar la legalidad del decreto.
